El espionaje a la hermana de la princesa Leticia...y a 3.000 espanoles mas
Escrit per Carmen Orus
dimecres, 27 de juny de 2012 11:01
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Luis Rendueles y Manu Marlasca

Imagen de archivo de Telma Ortiz.

Policías municipales, nacionales, mossos d’Esquadra, guardias civiles, funcionarios de Hacienda, de la Seguridad Social, del Inem, abogados, altos cargos de multinacionales y muchos detectives privados... 189 personas están imputadas en la operación Pitiusa de la policía, que ha descubierto la mayor trama de compraventa de datos privados , íntimos y protegidos de miles de personas, algunas famosas e influyentes, otras, la gran mayoría, españolitos de a pie.

Hablamos de la mayor red de tráfico de datos descubierta nunca en España. La policía ha investigado durante año y medio a varios detectives privados que conseguían para sus clientes casi cualquier dato íntimo de una persona.

Esta operación arrancó a principios del año pasado, un grupo de detectives privados alerta a la policía de que hay un antiguo colega que vende datos oficiales. Los agentes de la Unidad de Seguridad Privada de Barcelona comprueban que este pájaro gana dinero, por ejemplo, informando sobre matrículas de coches de algunas personas, los datos del DNI, si una persona tiene antecedentes penales o no… Se trataba de Sergio Córcoles, un antiguo detective privado que ahora trabajaba además como policía municipal en Santa María de Palautordera, un pueblo de unos 9.000 habitantes cerquita de Barcelona.

Y gracias a ser policía local este detective podía mirar en las bases de datos cualquier información privada y protegida por ley de muchas personas… Gracias a eso y a que tenía colaboradores que eran guardias civiles, mossos d’Esquadra y otros policías municipales de otros lugares de España, que también le miraban esos datos en otras bases informatizadas. El caso es que la policía vigila a Córcoles, pincha su teléfono y graba incluso cómo entrega sobres a varios detectives privados, que antes le habían llamado por teléfono pidiéndole datos de tal o cual ciudadano.

Así arranca entonces la operación Pitiusa. El nombre viene porque este Sergio Córcoles, el primer sospechoso, el objetivo en argot policial, se acababa de comprar una casa en Ibiza, en la isla pitiusa, isla entre pinos, posiblemente gracias a sus ingresos extra como detective pirata.

Tenemos un policía local que consigue y vende datos personales de ciudadanos inocentes y ajenos a esta práctica. Pero no es el único, hemos hablado de 189 detenidos. Era una red inmensa, que abarcaba casi toda España…

Los investigadores que han desentrañado esta tela de araña han descubierto que tenía mucha presencia en Madrid y Barcelona, pero que funcionaba en toda España. Hay detenidos también en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, las dos Castillas, Aragón, Andalucía, Valencia y Tarragona. Lo comparan con una tela de araña porque no hay un jefe único, un capo, y tampoco hay una fuente única, hay decenas de funcionarios que traficaron con datos íntimos de miles de españoles. Por ejemplo, en el Inem de Badalona, en la provincia de Barcelona, cuatro funcionarios conseguían lo que llamaban empanadillas o galletas, que eran los expedientes de personas inscritas en el servicio de empleo.

Una de ellas es Mercedes Gómez, que fue cuñada del actual ministro del Interior, Jorge Fernández, y que fue detenida en la operación policial. En las grabaciones del sumario algunos de estos funcionarios corruptos, en este caso del Inem, presumen de poder sacar datos confidenciales de 3.000 españoles al mes.

Algunos le pasaban gratis datos de matrículas de coches de ciudadanos o de multas a detectives privados que eran amigos. Pero la mayoría sí cobraban, sí. De hecho, a un funcionario jubilado del ministerio de Hacienda que fue detenido en la operación, los policías que registraron su casa le encontraron 100.000 euros en billetes que estaban escondidos en viejas cajas de cintas de vídeo.

Eso sí, las tarifas eran muy variadas. Lo más barato, por ejemplo, conocer los datos del DNI de una persona, 40 euros. Tener acceso a un informe médico confidencial de un ciudadano: 800 euros. Un informe completo, por ejemplo sobre ti, de la Seguridad Social, costaba 5.000 euros –bueno sobre ti sería más caro, suponemos–. Algo más podía valer conocer el estado de las cuentas corrientes que una persona tiene en su banco, la copia de la declaración de la renta completa de un ciudadano se vendía a unos 30.000 euros. Y la joya más cara, por la que se pagaban hasta 50.000 euros, era conseguir la copia del documento 347 de una empresa.

Este documento es una parte del Impuesto de Sociedades llamada actividad económica, en la que las empresas incluyen todos los clientes a los que han facturado más de 3.000 euros en un año. Pensemos en una empresa que quiere conocer el estado real de otra empresa de la competencia, porque quiere comprarla o fusionarse, o simplemente para saber cómo le van las cosas o qué clientes buenos tiene. Con ese papel confidencial y privado en teoría tiene una radiografía con todo detalle con la que luego puede trabajar, comerciar o chantajear.

Eso fue lo que intentaron hacer con Telma Ortiz, la hermana de la princesa Letizia, así lo contamos en Interviú la pasada semana y se montó un gran revuelo

Alguien –luego hablaremos de los clientes, los que pagaban por esta trama– encargó conseguir la vida laboral de Telma Ortiz Rocasolano a una agencia de detectives y esta contactó con una funcionaria acusada ahora en la operación Pitiusa. La idea era, suponemos, tener material contra Telma, que había sido contratada en 2009, no sin polémica, por el ayuntamiento de Barcelona como subdirectora de proyectos de Relaciones Internacionales con un sueldo de casi 55.000 euros anuales.

No sabemos cuánto se pagó. Sí parece que el cliente de la agencia de detectives que quería hurgar en la vida de Telma Ortiz estaba vinculado con el mundo de la prensa del corazón. La idea, parece, era conseguir datos sobre su curriculum para difundirlos luego en un programa de televisión que no iba a ser demasiado favorable a Telma y por extensión a su hermana Letizia.

Así están las cosas, con esas armas se está jugando o juegan algunos, por lo menos. Y nos parecía algo muy extravagante y lejano el escándalo de Inglaterra, donde por encargo de un periódico del señor Murdoch se llegó a pinchar el buzón de voz de una niña desaparecida.

Aquí no hemos llegado a tanto… Pero sí es cierto que determinado periodismo de investigación, al igual que en Inglaterra, a veces consiste solo en pagar a un detective porque consiga datos. Con todos los riesgos que eso entraña. En nuestro caso, la policía tiene 70 discos duros con los datos de los clientes y los encargos de muchas agencias de detectives del país. Si esos datos se incluyen en el sumario, seguro que habrá muchas sorpresas.

O sea, que es posible que no se incluyan, o que alguien está intentando que no se incluyan.

Vamos al otro espiado famoso por esta trama, Ignacio López del Hierro, más conocido últimamente por ser el marido de María Dolores de Cospedal, la número dos del Partido Popular y presidenta de Castilla La Mancha. ¿Quién le espía y para qué?

La agencia de detectives que hizo ese trabajo fue Vertex Consultants, una de las más prestigiosas –y caras– de Barcelona. Su cliente, el que encargó el trabajo, fue Marcos de Pedro, consejero delegado en España de Neoris International, una empresa de ingeniería informática con dueños y dinero mejicanos. Esta empresa, Neoris, iba a fusionarse o a ser absorbida por Amper, otra multinacional del sector. El ejecutivo no se fiaba y ordenó grabar una comida de varios directivos en un restaurante de Madrid para conocer sus intenciones.

Y entre esos ejecutivos estaba el marido de la señora Cospedal.  Primero aclaremos que el marido de Dolores de Cospedal asesoraba a las dos empresas y se iba a llevar una millonaria comisión si todo acababa bien, un poco (y salvando las distancias) al estilo del personaje de Richard Gere en Pretty Woman.

La comida espiada se celebró el 19 de septiembre en el restaurante Ten con Ten, del barrio de Salamanca, en Madrid. Dos mujeres detectives se sentaron en la mesa de al lado de donde comían el señor López del Hierro y otros ejecutivos y con un micrófono direccional grabaron lo que dijeron. La policía tenía pinchado el teléfono del detective y grabó el encargo, los preparativos y hasta encontró luego la cinta de esa grabación. Fue un trabajo que costó entre 15 y 20.000 euros.

Un trabajo que acabó mal, porque la esencia de la labor del espionaje es que no se sepa que existe.  Acabó muy mal. El directivo de la multinacional Neoris, Marcos de Pedro, fue despedido. El detective, Juan Manuel Olivera, fue detenido y su despacho registrado. Y el señor López del Hierro recibió las disculpas del jefe de la empresa mejicana, que le dijo que todo había sido una iniciativa disparatada de su hombre de confianza en España.

Hablamos de espionaje económico de alto nivel. Pero otras grandes multinacionales, como Dupont, se han visto salpicadas en asuntos más feos, como chantajear a algunos empleados... José Luis Badía, jefe de la asesoría jurídica de Dupont Ibérica, multinacional dedicada a la biotecnología y la agricultura, fue otro de los detenidos. Está acusado por recurrir a uno de los detectives privados implicados para conseguir despedir más barato a cuatro empleados de la compañía.

El detective se dedicó a pinchar los correos electrónicos, los mails de los cuatro empleados de Dupont sentenciados, digamos. Así se obtuvo información de su vida privada en busca de trapos sucios para apretarles y conseguir que aceptaran irse de la empresa por menos dinero del que les correspondía (hablamos de la etapa inmediatamente anterior a las últimas reformas laborales de Zapatero y Rajoy, claro).

En esta operación han sido arrestados muchos detectives, pero muchas veces hemos contado que los investigadores privados han dado grandes servicios a la policía…

Por supuesto que sí. Uno de los detenidos en Barcelona, sin ir más lejos, acaba de ayudar a los Mossos de Esquadra a esclarecer la desaparición de dos personas. Ese mismo detective ya aclaró otros crímenes en el pasado. Hay incluso un protocolo de colaboración, llamado red azul, que, digamos, bendice esa cooperación entre detectives y policías. Aquí hemos contado muchos casos en los que los investigadores privados han sido decisivos a la hora de desentrañar complicados entramados societarios o financieros o a la hora de localizar fugitivos.

Y en esta trama que parece casi de película, no falta un espía de verdad, de los profesionales…  Nos gusta la historia de Matías Bevilacqua, que comparte apellido con el guardia civil protagonista de varias novelas de Lorenzo Silva. En la vida real, este Bevilacqua era el hacker del grupo. Un experto informático, capaz de piratear el correo electrónico casi de cualquiera y que fue detenido en la operación, aunque por poco tiempo, porque fueron a rescatarlo.

Era un muy buen hacker. Por ejemplo, en el sumario consta que pinchó por encargo de la red el correo de un directivo de Minas de Río Tinto. El cliente quería saber si ese alto ejecutivo estaba dando un trato de favor al conocido chef Martín Berasategui al darle algunos contratos. En casa de Bevilacqua, la policía encontró 280.000 euros en metálico.

Pero la cosa se complicó porque cuando fue detenido, Bevilacqua ya avisó a los policías que hacía trabajos delicados o sensibles como dicen ellos para los servicios de inteligencia españoles, el CNI. Y dijo que el dinero se lo había pagado el estado por esos servicios.

Bevilacqua dio a los policías que lo detuvieron un número de móvil y el nombre en clave del oficial de enlace del CNI para el que trabajaba, dijo que era un tal don Aquiles. Y ese don Aquiles, sea cual sea su nombre real, se identificó como cargo del espionaje español y respaldó su versión. El hacker es un colaborador leal del espionaje español, aunque hiciera digamos trabajos extra en sus ratos libres. Bevilacqua está en libertad y hasta ha pedido que se le devuelva el dinero que se encontró en su casa, lo que de momento, y hasta donde nosotros sabemos, no ha conseguido.

Hemos repasado los casos más mediáticos, con gente importante mezclada. Pero la mayoría de las víctimas de esta trama de tráfico de datos, miles de personas, recordemos, son gente anónima.

Muchos de los encargos contratados a los detectives venían de empresas aseguradoras. Somos campeones en absentismo laboral, y muchos detectives privados ganan buen dinero comprobando si esas enfermedades o dolores del trabajador de baja son reales. Se suele hacer siguiendo al enfermo y grabándole en vídeo, por ejemplo, haciendo footing, pero esta red eliminaba todo ese engorro.

Ya no necesitaban hacer trabajo de calle, tronchar–que traducido quiere decir vigilar, hacer guardias– al trabajador que está de baja… Una llamada bastaba para conseguir el informe médico confidencial del trabajador y saber así todas las dolencias reales que tenía, sus visitas a su médico de cabecera, al especialista... Así se hizo con una mujer de Canarias de la que, como ella no lo sabe aún, no vamos a dar el nombre.

Una trabajadora de una isla canaria que fue espiada por encargo de la empresa aseguradora que le pagaba la baja a su empresa. La mujer estaba de baja por una lesión en una rodilla. La aseguradora desconfió y encargó el trabajo a un detective privado de la comarca de Osona, en Barcelona. Y lo que hizo este detective fue sencillo: llamó por teléfono al centro de salud donde atendían a la mujer, puso acento canario –tipo Aneyma…– y dijo: "hola, soy el doctor xxx, que atendió a doña xxx en la isla de La Palma. Necesito el informe médico..." Y bingo.

También hay abogados y empleados de banco acusados en esta red. Varios abogados utilizaban estos detectives para conseguir rápidamente datos para un juicio. En la mayor parte de las veces eran procesos de divorcio en los que los detectives buscaban datos del dinero de uno de los dos cónyuges para saber cuánto podía pedir de pensión el otro. En cuanto a los bancos, algunos empleados vendían a los detectives directamente el estado de las cuentas corrientes de algunas personas investigadas.

Estas personas pueden ser acusadas de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, recogido en el artículo 197 del código penal, que se castiga con entre uno y cuatro años de cárcel.

La policía está repasando más de 70 discos duros de detectives con clientes y encargos de todo tipo. O sea, que va a haber más operación pitiusa, tendremos más sorpresas…

Y ojalá todos esos datos, esos libros de clientes, se incluyan en el sumario. No olvidemos que, en otros casos y por otros motivos, detectives privados han investigado, por ejemplo, al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a varios futbolistas del Real Madrid, como Sergio Ramos, y del Barcelona, como Piqué, al propio presidente del Real Madrid, Ramón Calderón... Casi seguro que daría para otro Territorio Negro.

Darrera actualització de dijous, 5 de juliol de 2012 14:09