En la operacion Pitiusa ninguno de los cabecillas es detective privado
Escrito por Carla
Viernes, 03 de Agosto de 2012 17:17
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Detectives privados Barcelona

El colectivo de detectives privados ha negado que los principales cabecillas y miembros arrestados en la 'operación Pitiusa' formen parte de su gremio y, por ello, un "escándalo puntual" no puede manchar el nombre del resto de los profesionales del sector.

El caso se remonta al pasado mayo, cuando 73 personas fueron arrestadas por su vinculación con el "tráfico ilícito y compraventa de datos que afectan a la privacidad de las personas", con el objetivo de realizar "investigaciones personales y empresariales ilícitas y tráfico comercial". Entre los arrestados hubo dos agentes de la Guardia Civil, uno destinado en Vitoria y el otro en Linares (Jaén), funcionarios, abogados, detectives privados y policías locales.

Las diferentes asociaciones profesionales de detectives privados de España subraya en un comunicado que los principales cabecillas de la trama "no son detectives" y cita que los "hechos tan graves" como entrar en ordenadores ajenos o cuentas de correo "en ningún caso han sido ejecutados por detectives".

En su nota, el colectivo afirma que la existencia de posibles casos de "comisión de faltas administrativas puntuales (revelación de secretos)" entre profesionales del sector "no puede generalizarse", y apostilla que tampoco puede hacerse en otros sectores "como el del periodismo, de la abogacía, la medicina o la política".

Asimismo, se recuerda que tienen el "mayor control" de la administración y la supervisión del Ministerio del Interior.

El malestar en el sector de los detectives privados con este caso es monumental. Y es que la cooperación de este importante sector de la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es enorme. Son muchas las operaciones que llevan a cabo tanto Policía Nacional como Guardia Civil y, en menor medida, por las policías autonómicas, que cuentan con una importante colaboración por parte de los detectives privados. Y no son pocas las que nacen precisamente de lo que ahora la Policía está persiguiendo. Es decir, los detectives, a través de contactos, obtienen informaciones sobre sus investigados. Esos datos son los que sirven para avanzar en sus pesquisas, y que en algunos casos llevan a sospechas de hechos delictivos.

En ese punto, los detectives contactan fundamentalmente con la Policía que inicial sus diligencias, que finalizan en los juzgados pertinentes. Y todo basado en datos obtenidos por vías no oficiales y a través de contactos. Eso sí, en la inmensa mayoría de los casos, ajenos a cualquier red como la perseguida por Interior.

La información oficial apuntaba que el origen de las investigaciones se sitúa en marzo de 2011, en torno a las actividades de un ex detective privado de Barcelona, actualmente policía local, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público.

Las averiguaciones llevadas a cabo por los investigadores apuntaban a que su conducta no se trataba de un hecho aislado. Al parecer formaba parte de una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio nacional.

La calidad de los datos con los que se comerciaba abarca desde matrículas de vehículos hasta historiales médicos o expedientes de la Agencia Tributaria. Estos datos otorgarían a sus poseedores una situación de ventaja frente a otras empresas de la competencia. Se han practicado 46 registros en Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia, Cantabria y Valencia, en los que se han intervenido 380.000 euros.

Última actualización el Lunes, 06 de Agosto de 2012 15:42